¿Movistar colaboró con el régimen para espiar a opositores en Venezuela?

 

Hola a todos, 

Abro este hilo porque me topé con una noticia preocupante que me dejó pensando en las implicaciones éticas y de privacidad que pueden tener nuestras operadoras móviles. Me refiero a una investigación que revela que Movistar Venezuela (filial de Telefónica) habría facilitado información privada de sus usuarios a organismos de inteligencia del gobierno venezolano, específicamente durante los períodos de protestas y mayor represión política. 

 Según un informe filtrado por organismos internacionales y replicado por medios como El País, Telefónica admitió que Movistar Venezuela entregó metadatos de más de 1,5 millones de líneas telefónicas a agencias del Estado venezolano. Esto incluye información como registros de llamadas, localización por antenas, mensajes de texto y otros datos sensibles que pueden ser usados para rastrear a personas, identificar redes de contacto o incluso reprimir protestas sociales. El informe no entra en detalles sobre si esta colaboración fue voluntaria o si se hizo bajo presión del régimen de Maduro, pero lo cierto es que se violaron principios básicos de privacidad. Muchas de las personas afectadas eran activistas, periodistas y miembros de partidos opositores. Esto abre un debate muy necesario sobre el papel que tienen las grandes empresas tecnológicas y de telecomunicaciones en contextos autoritarios. 

 Telefónica, con sede en España, ha intentado desmarcarse de estas acusaciones diciendo que deben cumplir con la legislación local en los países donde operan. Sin embargo, esto plantea dudas éticas muy serias. ¿Hasta qué punto una empresa con estándares europeos de privacidad puede operar en países donde esos mismos estándares no existen? ¿Se puede seguir considerando a Telefónica una empresa comprometida con los derechos digitales? En el caso venezolano, el control estatal sobre las telecomunicaciones es casi total. La censura, el bloqueo de portales informativos y el rastreo de opositores se han vuelto herramientas comunes del aparato represivo. Y si una empresa como Movistar presta su infraestructura o sus datos para alimentar esa maquinaria, hay que cuestionarlo. 

 Lo más grave de todo esto es que la mayoría de los usuarios no tiene idea de lo que ocurre con sus datos. Muchos simplemente usan sus líneas para comunicarse, hacer transferencias, recibir mensajes de texto de validación, recargar saldo, etc. Y aquí entra otro aspecto que me parece relevante comentar. En Venezuela, como en muchos países con restricciones tecnológicas o económicas, las plataformas de recargas móviles se han vuelto un servicio esencial. Yo mismo, cuando necesito hacer una recarga movistar para familiares en Venezuela, utilizo herramientas digitales que permiten enviar saldo de forma rápida, segura y sin pasar por procesos oficiales que muchas veces son lentos o controlados. La ironía está en que, mientras seguimos utilizando estos servicios de forma cotidiana, el trasfondo es más oscuro. No sabemos realmente quién accede a nuestros datos, ni con qué fines se usan. Y las operadoras como Movistar, lejos de proteger al usuario, parecen priorizar su permanencia en el país antes que su reputación o los derechos de sus clientes. 

 En primer lugar, creo que debemos informarnos. No se trata de hacer un llamado al boicot o tomar decisiones radicales sin pruebas, pero sí de exigir transparencia. Telefónica debería aclarar cuál es su política respecto a la colaboración con regímenes represivos. Y si ya ocurrieron filtraciones de datos o colaboraciones con organismos de inteligencia, deberían asumir responsabilidad. También me parece fundamental que los usuarios en el extranjero, sobre todo los que apoyamos desde fuera, promovamos alternativas seguras y éticas para el uso de la tecnología en países como Venezuela. Esto incluye el uso de plataformas de recarga que funcionen fuera del sistema centralizado del gobierno, que no almacenen información sensible, y que permitan a los ciudadanos mantener un mínimo de autonomía digital. 

 Es triste ver cómo las grandes empresas de telecomunicaciones pueden convertirse en herramientas del poder. El caso de Movistar en Venezuela es solo un ejemplo de cómo, en contextos de autoritarismo, la privacidad y la libertad de expresión pueden desaparecer sin que el usuario lo note. Ojalá este hilo sirva para generar una discusión más amplia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería Telefónica rendir cuentas en España por lo que hace su filial venezolana? ¿Existen otras operadoras más responsables en ese contexto? ¿Cómo podemos protegernos mejor frente a este tipo de vigilancia? Les leo.