La ley de vivienda de Podemos, ERC y Bildu - no va a invertir en España ni el tato

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14/12/2021 - 9:22

La ley de vivienda impulsada por los sindicatos y colectivos sociales y apoyada por varios partidos políticos entre los que se encuentran los socios del Gobierno se enfrenta este martes a su primer examen en el Congreso. La admisión a trámite de la iniciativa depende de los votos del PSOE, que en los últimos meses ha tenido enfrentamientos directos con Unidas Podemos en esta materia.

La norma, impulsada por los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), llega a la Cámara baja antes que la ley de vivienda de Moncloa. Hasta ahora, cuenta con el apoyo expreso de Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias, grupos que avalaron la iniciativa en su registro en plena tensión por la ley de vivienda que lleva atascada diez meses en el seno de la coalición de Gobierno. El rechazo seguro vendrá de parte de PP, Vox y Ciudadanos.

A pocas horas de que se conozca si la iniciativa llegará a ser debatida, estas son las principales propuesta de la norma que piden los colectivos de vivienda:

-Regulación de precios del alquiler en zonas tensionadas: la Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada, como se llama, propone sanciones de 900.000 euros por subir los precios del alquiler.

Tras meses de desencuentros, el Gobierno aprobó a finales de octubre en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que contempla el control de precios a grandes tenedores, aunque esto dependerá de las comunidades autónomas, que podrán o no activarlo. El anteproyecto aún no ha llegado a las Cortes Generales, pendiente de salir de Moncloa como proyecto de ley. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ya ha avanzado su intención de remitirla al Congreso antes de finalizar el año, en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre.

-Qué es zona tensionada: respecto al alquiler, la propuesta de norma habilita a declarar zonas tensionadas aquellas donde la renta media supere el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

Esta declaración de zona tensionada podrá ser de hasta cinco años, se podrá prorrogar año a año, y habilitará a los ayuntamientos a aplicar las medidas que consideren para determinar, a partir del índice de precios, rentas máximas en los alquileres.

El cobro de rentas que sobrepasen los límites establecidos mas del 10% darán derecho al arrendatario a exigir la restitución de las cantidades percibidas en exceso. Tanto en las ofertas de alquiler como en los contratos, o se aplique una renta que supere en más de un 10% el límite de la zona serán considerados "infracción muy grave", sancionable con multas de 90.001 a 900.000 euros.

-Penalización a viviendas vacías: propone recargos del 75% al 300% en el IBI y cesión obligatoria para grandes tenedores. También regula la información que deben recoger los contratos de alquiler, y los gastos que deben asumir las partes (es el caso de los honorarios a los intermediarios o agentes inmobiliarios, por ejemplo, que deberán ser asumidos por el arrendador o vendedor). También habilita políticas de control del alquiler turístico y crea un registro de contratos para poder ser utilizado por organismos públicos para la consecución efectiva de los fines de la ley y con fines estadísticos

-Un 20% de vivienda social en 20 años: la propuesta de los movimientos sociales busca hacer real y efectivo el derecho de toda persona "a una vivienda digna, adecuada y asequible". Para conseguir el objetivo, contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero también en la regulación hipotecaria, judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.

-Prohibición de desahucios sin alternativa habitacional: es una medida dirigida a la protección de los más vulnerables que se engloba junto a otras, como la garantía de los suministros básicos, aplicando el principio de precaución en caso de impago, o la tarifa social de agua, gas y electricidad.