Los cargos políticos sortean el ajuste sin rebajas de sueldos ni de gastos
El PP se opuso hace unos días a eliminar el coste de 350.000 euros anuales destinado a los servicios de traducción simultánea en el Senado que puso en marcha el Gobierno del PSOE a principios de 2011 y que los populares criticaron abiertamente.
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, llegó a decir que trabajar con traducción en la Cámara Alta "no era de un país normal". Sin embargo, su supresión, planteada por UPyD en una enmienda a los Presupuestos, fue rechazada por el grupo mayoritario con el argumento de que una medida de este tipo debería adoptarse con una reforma del reglamento de la Cámara. El PP también descartó que se regule el uso de aviones públicos en campaña electoral, algo que también desautorizó en la legislatura anterior.
Estos son sólo dos ejemplos pero ponen de relieve que, en la práctica, lejos de declaraciones grandilocuentes que recojan buenas voluntades quedan muchas actuaciones por tomar para dar ejemplo en un contexto en el que la austeridad empieza a llegar a todos los rincones sin excepción y en el que los ajustes que afectan a los cargos políticos se quedan en el chocolate del loro... y apenas tienen un efecto real en las arcas públicas.
Duplicidades aún por fijar
El Ejecutivo ha planteado la reforma de las Administraciones Públicas como una de las piedras angulares de su hoja de ruta y se ha fijado de aquí a junio como plazo para adelantar sus principales líneas. Con su aprobación, el ajuste llegará también a los cargos políticos. Rajoy ha insistido en que se trata "de un reto capital" en la España de los últimos 30 años, pero es consciente de la dificultad que supone poner en cuestión todo un entramado en el que, como se ha demostrado, no son pocos los casos de clientelismo. El principal objetivo del Ejecutivo pasa por eliminar duplicidades en una Administración Pública que cuenta con casi 80.000 políticos. El PP ya ha avanzado que la reforma "será costosa y dolorosa" por la destrucción de empleo.
La radiografía nacional es la siguiente: a los 14 responsables que se sientan en el Consejo de Ministros, hay que sumar los 350 diputados y 264 senadores, más de 1.200 parlamentarios autonómicos, 8.100 alcaldes y 68.000 concejales. Además, hay 400 cargos de las juntas generales vascas, los cabildos canarios, los consejos insulares de Baleares y el Consejo del Val d' Aran.
Diputaciones, cuestionadas
En el plano de la Administración Pública, varios partidos han cuestionado el papel de las diputaciones, que cuentan con 2.000 funcionarios. En campaña electoral, el PSOE abogó por su supresión y el PP se convirtió en su defensor. Las cifras hablan por sí solas: los populares gestionan 24 y los socialistas, 8. La postura del Gobierno es muy clara: mejorar la eficiencia, sí; supresión, imposible porque se dejarían municipios desamparados.
Fusión de ayuntamientos
Precisamente, el Gobierno ha dejado a un lado las diputaciones y ha preferido centrar sus esfuerzos (y su tijera) en los 6.800 municipios -del total de 8.116- que tienen menos de 5.000 habitantes. Aunque el proceso para fusionar ayuntamientos aún está en una fase incipiente, el Gobierno ha incluido en el Plan Nacional de Reformas enviado a Bruselas el proyecto para "racionalizar el número de entidades locales y sus competencias" con el objetivo de ahorrar 10.500 millones.
El modelo en este punto es el de dos municipios gallegos: Cesuras, con 2.225 habitantes, y Oza dos Ríos, con 3.229 vecinos, que ya preparan su fusión. Mientras la Federación Española de Municipios y Provincias pide una administración común, los pueblos reclaman que se conserve su entidad política.
Sueldos congelados
En cuanto a los sueldos, tanto el Gobierno central como las Cámaras nacionales han optado por mantener la congelación salarial de 2011 después de que, en mayo de 2010, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero les recortara el sueldo un 5%, en línea con el recorte medio que se aplicó a los funcionarios. Los miembros del Gobierno vieron rebajado su sueldo entonces un 15%.
Sin embargo, este año, el Ejecutivo español no ha afilado la tijera con los miembros de su gabinete. Congelación, sí. Recorte, no. Esta posición contrasta con la primera medida adoptada por el presidente francés, François Hollande, que ha rebajado un 30% el sueldo de su equipo. Su gabinete lo forman 17 ministros y 17 viceministros.
En el ámbito doméstico, los ajustes sí han llegado a algunos Ejecutivos autonómicos. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ha anunciado que su presidente, sus consejeros y sus viceconsejeros cobrarán un 5% menos este año.
Rajoy cobrará 78.185 euros al año, lo que se traduce en un sueldo bruto mensual de 6.515 euros. No está de más señalar en este capítulo que los Presupuestos han aumentado este año la partida destinada a los expresidentes que, con la incorporación de Zapatero, ya son cuatro y cobran 75.000 euros al año. La retribución de los 12 ministros de Rajoy es de 68.981 euros, con lo que el total del Consejo de Ministros suma unos sueldos de 980.000 euros al año, lo que supone unos 400.000 euros menos que el Gobierno Zapatero, en el que había dos ministros y dos vicepresidencias más.
Menos dinero en pensiones
Los diputados y senadores, por su parte, cobran un sueldo base de 2.813 euros al mes y tienen complementos y dietas que se traducen, como mínimo, en 1.823 euros más si no son de Madrid y 870 si son electos por la capital. (Ver gráfico) Los parlamentarios, sin embargo, notarán el ajuste por el lado de su plan de pensiones. Dejarán de recibir los 3.000 euros anuales que las Cámaras aportaban a esta partida, es decir, el 10% de su asignación constitucional. El ahorro será de 1,8 millones (teniendo en cuenta que son un total de 613 parlamentarios).
El Congreso de los Diputados ha reducido su asignación este año un 5,2%. Dispone de un presupuesto de 91,7 millones, después de recortar, además de la partida en pensiones, 3 millones de euros en atención protocolaria, viajes, material o transportes.
Dudas sobre el Senado
El Senado es una Cámara cuestionada desde hace tiempo. Sin embargo, ninguno de los grandes partidos está dispuesto a mover ficha en este punto. Nadie plantea su desaparición aunque, en todo caso, su reforma es una asignatura pendiente. Lejos de reducir su peso, el número de senadores (hoy en 264) se incrementa en función de la población. Su presupuesto en 2012 se ajustó menos que el del Congreso: se rebajó un 3,5% hasta situarse en los 53 millones. La citada traducción simultánea a euskera, catalán, gallego y valenciano cuesta 6.000 euros por sesión.
4.000 empresas públicas
Desde que llegó al poder, el Gobierno ha puesto en su punto de mira las empresas públicas. El último informe de la Intervención General del Estado cifraba en el entorno de las 4.000 el número de empresas públicas, fundaciones, consorcios y sociedades, la mayoría de titularidad autonómica.
En este punto, Moncloa inició en febrero el recorte por el lado de los sueldos. El Consejo de Ministros optó por homogeneizar y limitar por ley los salarios de los directivos de empresas públicas y de sus consejos de administración. Esto se traducirá en una rebaja de sueldos de entre el 25 y el 30% -con un máximo de 105.000 euros-. Además endurecerá las retribuciones variables, esto es las extras, de forma que irán ligadas a los objetivos.
En marzo, el Gobierno recortó, pero de forma más ejemplar que importante desde el punto de vista del ahorro. El ajuste del Estado afectó a 154 consejeros y a 80 empresas públicas, el 32% del total: serán suprimidas 23 sociedades mercantiles estatales; 13 serán liquidadas; en 8 habrá una desinversión por venta de acciones y en 35 una desinversión en sociedades con inversión minoritaria. A partir de ahí, el Gobierno insta a las CCAA a que empiecen por reducir las 515 empresas que estaba previsto que se redujeran entre 2010 y 2011 y de las que sólo han desaparecido 69.
Edificios públicos
El patrimonio del Estado y de las comunidades también está en el punto de mira. La vicepresidenta ha señalado a los 53.000 edificios, solares y fincas rústicas que dependen del Estado y a los 2.000 que hay en régimen del alquiler. La Generalitat catalana también ha adelantado la venta de patrimonio público, en especial, de edificios.
Ajuste en la Casa Real
La Casa Real, que no pasa por sus mejores momentos, ha acometido también un ajuste del 2%, lo que se traduce en 170.000 euros menos. Sin embargo, el recorte en la institución contrasta con el tijeretazo medio de los ministerios del 16,9% del 3,4% en la disminución del gasto del Tribunal Constitucional.