El Gobierno prepara una norma que favorece a la poderosa industria alimentaria y perjudica a los consumidores
Nuestros análisis comparativos de alimentos han hecho torcer el gesto a la industria. Sus presiones han promovido una norma que pone trabas a nuestros estudios y limita el derecho a la información del consumidor. El Ministerio de Agricultura ha emitido una nota de prensa en la que miente.
El Gobierno prepara una norma (disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria) que favorece a la poderosa industria alimentaria y perjudica a los consumidores.
Ante la nota de prensa emitida por Agricultura, OCU considera que este Ministerio vuelve a mentir, como hizo cuando afirmaba que en España no había carne de caballo en las hamburguesas de vacuno.
1. La nueva norma pretende dotar de muchos más privilegios a la industria alimentaria.
2. Esta maniobra ha sido promovida por la industria alimentaria.
3. Este tipo de regulaciones no existen en ningún país europeo. En ellos sí que se respeta a los consumidores.
4. Es cierto que OCU se reunió con el Ministerio, pero es falso que pidiera una regulación en estos términos.
5. Si algún fabricante, marca o producto siente que su honor o nombre ha sido dañado por un estudio comparativo, tiene a su disposición los tribunales de justicia.
6. En cualquier país democrático se confía en los tribunales de justicia y esta regulación resultaría aberrante. En España va a entrar en vigor a menos que el Gobierno recupere la cordura.
7. El Gobierno ataca de pleno uno de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución: la libertad de expresión.
8. Se está menoscabando el derecho a la información de los consumidores.
9. El Gobierno pretende que no se publique información sin que el fabricante o distribuidor del producto bendiga lo que se dice de él. Esto es tan ridículo como si se obligara a un periodista a que, antes de opinar sobre alguien, sometiese su texto a la persona en cuestión, otorgándole así derecho de veto. Esto se llama censura.
10. OCU no va a permanecer impasible: todos nuestros mecanismos técnicos y jurídicos (tanto en ámbito nacional como internacional) se activarán para frenar este ataque a los derechos de expresión e información.
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