Escándalo en la Mutua Madrileña.
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EL CONSEJO DE LA MUTUA SE OTORGA UN PLAN DE JUBILACIÓN VITALICIO IGUAL AL TRIPLE DE LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN MÁXIMA
El Consejo de Administración de Mutua Madrileña someterá a la aprobación de la Junta General, a celebrar el próximo 8 de junio, la concesión para los consejeros y sus cónyuges de una pensión vitalicia, pagadera por meses, equivalente al triple de la cuantía de la pensión máxima reconocida por la Seguridad Social para el régimen general. En total, unos 6.260 euros mensuales (algo más de un millón de las antiguas pesetas).
La necesidad de adaptar los Estatutos Sociales a la nueva legislación sobre Seguros Privados va a provocar la introducción de modificaciones significativas en los mismos, que ampliarán significativamente los poderes del presidente, José Manuel Ramírez Pomatta.
En efecto, Pomatta y su nuevo equipo parecen decididos a acabar de un plumazo con la tradicional austeridad de la Mutua, eso sí, en beneficio propio. En efecto, en el punto 3 del art. 25 del “Proyecto de Estatutos Sociales refundidos” se dice que “a partir del 1 de enero de 2004, los que siendo consejeros a dicha fecha o los que lo sean posteriormente y hayan desempeñado dos o más mandatos, al cesar en sus funciones, una vez cumplidos los 65 años, gozarán de una pensión vitalicia anual, pagadera por meses, equivalente al triple de la cuantía de la pensión máxima reconocida por la Seguridad Social para el régimen general”.
“Dicha pensión”, prosigue el artículo citado, “se transferirá también vitaliciamente al cónyuge viudo de nupcias anteriores al cese del consejero”. Aunque el ejercicio del cargo no es remunerado, “los consejeros serán beneficiarios mientras se encuentren en el desempeño de sus funciones de un seguro temporal de vida y accidentes con una indemnización máxima de 200.000 euros actualizables”.
La Junta General ordinaria y extraordinaria del próximo 8 de junio se presupone movida a causa de las crecientes exigencias de transparencia e información que reclaman un cada vez mayor numero de mutualistas.
Muchos mutualistas, en efecto, no entienden que, siendo voluntario y gratuito el ejercicio del cargo de consejero, la duración del mandato se amplíe en los nuevos estatutos de tres a cinco años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, “salvo el presidente, que sólo podrá serlo en una ocasión”.
Nadie entiende tanto espíritu de sacrificio para dirigir gratis una entidad como la Mutua, siendo el Consejo un coto cerrado al que es imposible acceder si no es por amistad con el propio Pomatta o el secretario, José Antonio Herraiz. Por el contrario, aquel que por su cuenta y riesgo pretenda acceder al Consejo tendrá, de acuerdo con los nuevos estatutos, que contar con el respaldo del 5% de los mutualistas existentes a 31 de diciembre del último año.
La frustrada operación del Banco Popular, al parecer un intento camuflado de ocupar el consejo del banco con vistas a la sucesión de Luis Valls en la presidencia (operación interpretada por algunos como una guerra interna entre facciones del Opus Dei), ha abierto los ojos a mucha gente sobre la realidad de la Mutua y, sobre todo, sobre su tremenda potencia financiera.
Una potencia que resulta de los más de 2.400 millones de euros de que consta el actual patrimonio de la gestora Mutuactivos, con unos fondos propios de 1.500 millones de euros, cifras que explican el oscuro objeto del deseo que la Mutua despierta en otras entidades financieras.
Son precisamente esos recursos los que han atraído la atención de Emilio Botín, presidente del SCH, quien ha sido visto en más de una ocasión en la sede de la calle Almagro de Madrid. Desbaratada la operación asalto al Popular por los hermanos Valls, Pomatta no tardó en vender el paquete de Mutua en el Popular (3,81%) para instalar sus reales en el SCH (1,21%) -porcentaje mayor que el de la familia Botín-, que da derecho a un puesto en el consejo del banco (remunerado con 100 millones de pesetas anuales).
