Cuanto conocimos las filtraciones de Wikileaks, nos hemos encontrado con una situación en la que los fiscales maniobraban para frenar las investigaciones acerca de la muerte de José Couso, con la bendición, (o petición) del gobierno, para satisfacer a las autoridades norteamericanas.
Ni tan siquiera la presión de los jueces o el tribunal supremo ordenando reabrir el caso, ha llevado a los fiscales a otra cosa que no sea el intentar cerrar el caso. Es muy difícil entender que un fiscal no se dedica a investigar un delito y formular acusaciones, cuando existen unos indicios tan poderosos que hasta el tribunal supremo ha ordenado reabrir el proceso, una vez cerrado.
Curiosamente, un aspecto muy parecido nos hemos encontrado en las actuaciones para el caso de las “cesiones de crédito”, caso del que surge la “doctrina botín”, en caso de que el fiscal aprecie la inexistencia de delito. Por supuesto, el presunto fraude en las cesiones de crédito quedará siempre como presunto, ya que al decidir los fiscales que no existe delito, pues lo que opinaba la acusación particular quedaba en nada.
Estos fiscales no han tenido problemas para iniciar diligencias previas el domingo 3 de diciembre de 2010, (viernes e inicio de puente), contra los controladores aéreos acusándolos de un delito de sedición a las 23.00 horas. Debemos tener en cuenta que desde las 22.00 horas nos encontrábamos con la declaración de estado de emergencia y ni tan siquiera en estos momentos estaban militarizados los controladores. Está claro que lo que para otros casos lleva unos cuantos años, en otros casos se despacha con una velocidad inaudita.
Recientemente la fiscalía ha anunciado que inicia la investigación de las actuaciones de Amorós, por su deficiente gestión al frente de la caja de ahorros del mediterráneo. En este caso, desde luego parece que existe una manipulación de las cuentas de la citada sociedad, que ha provocado un gran quebranto a una parte significativa de la sociedad. Parece que de repente los fiscales hacen lo que deben, pero sin embargo resulta que curiosamente en ningún momento, se investigan las actuaciones de los reguladores, y en especial del Banco de España, que es completamente imposible no supiese que los engaños en las cuentas de la entidad existían. Aparte de las declaraciones de Amorós, que apuntan a esto exactamente, la lógica entiende que si el Banco de España aceptaba unas cuentas que nadie en España se cree, es con premeditación.
Por otra parte, extraña un poco que se acuse a alguien de falsear las cuentas de un banco, cuando nos encontramos con toda una política a nivel general, (no sólo en España), de ocultar los distintos datos de las distintas entidades, (manipular la información para que los inversores no conozcan la realidad y no se retiren), de lo que hay declaraciones abiertas de todo tipo de organismos, autoridades y empleados de banca.
Pero si completamos el esquema la semana pasada hemos conocido, (aunque de pasada), que la fiscalía apoya el indulto a Alfredo Saez, tras ser condenado por el supremo por estafa procesal, por enviar falsamente a prisión a unos industriales para tratar de cobrar unas deudas en el 94. Debemos además recordar que este caso está actualmente en el constitucional, (desconozco si ha sido admitido a trámite). El fiscal alega en su informe tanto las dilaciones indebidas, como la situación del sistema financiero español.
En todo caso, está claro que es una autentica vergüenza, tanto las dilaciones en el proceso, (de lo que se podría hablar y mucho, sobre todo teniendo en cuenta quien es el beneficiario y quien es el perjudicado de dichas dilaciones); como de la situación del sistema financiero español.
El objetivo de este indulto es evitar la inhabilitación, como el hecho de que el banco de España no se vea obligado a retirar la licencia a Alfredo Sáez, por haber perdido “la honorabilidad” necesaria.
En todo este ambiente, no es muy difícil tratar de establecer una situación que justifica la mala fama de la justicia en España, ya que es más que evidente que existe cierta confusión en los términos en un argumento que puede empezar en la frase de “la honorabilidad” empleada por el Banco de España.
Cuando esta entidad exige honorabilidad, en realidad está exigiendo imagen, y son conceptos que no tienen que ser necesariamente equivalentes; La honorabilidad se define por las actuaciones de unas determinadas personas, y no dependen en absoluto, por mucho que algunos se empeñen, de lo que opinan o definan terceras personas. Hace tiempo que la honorabilidad de este señor ha sido perdida, pero maniobrando para conseguir la honorabilidad lo único que se hace es contagiar. Es decir, la fiscalía acaba de sufrir un golpe en su honorabilidad que exagera un problema previo que se manifiesta en estos y tantos otros ejemplos.
Se ha olvidado que los organismos de la justicia han de buscar la justicia, que no depende de circunstancias ajenas; un delito, una pena. Es la única forma de evitar posibles delitos. Lo que no tiene sentido ninguno es apoyar un indulto para quizás la persona condenada por un delito que menos lo merece en toda España.
No lo merece, porque no es normal que se imponga una pena a alguien por unas determinadas actuaciones que ha llevado a cabo para meter a unas personas en la cárcel, ¿tiene sentido de que pase menos tiempo en prisión el culpable que las victimas?. ¿tiene sentido conceder el indulto a alguien que no se ha arrepentido?. ¿tiene sentido conceder el indulto a una persona de relevancia que se dedica a pontificar?, ¿tiene sentido conceder el indulto a una persona que está imputada por estafa en el “corralito de banif”?.
Parece que se quiere enviar un mensaje en el sentido de que esta persona, (la mejor pagada de España), no ha de ser castigada, y esto es lo peor que se puede transmitir.
En este sentido, se está ahora proponiendo una reforma de la forma de organizar los procedimientos judiciales en el sentido de que sean los fiscales los que se encarguen de las instrucciones y las investigaciones, en lugar de con los jueces como ocurre actualmente.
Desde luego parece oportuna la reforma para dotar a los fiscales del papel de investigar, pero en todo caso en esta reforma hay que buscar la forma de que los fiscales investiguen lo que a los ciudadanos, (y entiéndase que me refiero a la mayoría y no a los investigables por muy poderosos que sean), y de acuerdo a las reglas de la justicia, (por mucho que de vez en cuando la opinión pública pueda tener ansias de venganza, las reglas son importantes).
En este sentido, son necesarios dos aspectos adicionales; por un lado la elección de fiscales por los ciudadanos, (como en Estados Unidos), y por supuesto el establecimiento de penas muy fuertes para los fiscales en el ámbito de la prevaricación.
