El año pasado hice dos post a cuenta de la polémica de las listas de personas españolas con grandes fortunas ópacas en las cuentas de la entidad HSBC. En el primero de ellos trataba de exponer la existencia de una especie de lucha entre los inspectores de hacienda y el resto de agentes implicados en esta historia, (gobierno, prensa y desde luego los medios que están muy influidos por los personajes que se suponían implicados en esta historia).
Lo que está claro es que lo acaecido en el verano de 2010, estaba realmente muy claro y no era otra cosa que una amnistía en toda regla, de la que deberían responder quien sea que haya decidido remitir una carta a todos los nombres que aparecieron en esta lista.
La existencia de la clausula absolutoria en el código penal en el sentido de que si un delincuente, (es la definición de quien comete un delito), se arrepiente antes de que se inicien acciones contra él, se lleva la absolución completa es más que discutible. Es fácil ponerlo en claro: ¿Puedo robar un coche, y arrepentirme y devolverlo antes de que me denuncien y que con eso no pase nada?. Lo digo porque para la próxima en lugar de comprar un coche, me dedico a aprender a hacer puentes, y uso los coches ajenos para ir al super, (corriendo un riesgo light).
Pero la decisión de no iniciar las actuaciones que proceden cuando el gobierno detecta un delito, (fue el caso en julio de 2010), es muy grave y es responsabilidad del gobierno. Y hacer exactamente lo necesario para que el delincuente, no sea condenado es esto precisamente. En aquellos momentos se discutía si se estaba ante una amnistía o no; curiosamente hoy esto está claro, porque uno de los argumentos que nos estamos encontrando para desvirtuar la acusación contra la familia Botín, es que estábamos ante una amnistía. Es decir, se dice que el estado pidió documentación, los Botín pagaron 200 millones y en consecuencia regularizaron su situación y en virtud de esta clausula perversa y del escrito en el que los avisaban por carta, pues que no procede tal denuncia.
Evidentemente tenemos que tener en cuenta, que ya estamos ante algo muy grave, porque el normal y lógico desarrollo de los acontecimientos hubiese sido el enviar al juzgado las pruebas (sin avisar a los implicados) y tomar las decisiones oportunas, que normalmente incluyen el uso de esposas. Sobre todo teniendo claro que sin este acontecimiento no se hubiesen dignado a regularizar una situación que parece que viene de 1936.
En todo caso, parece que no está claro que ni así estas personas hayan decidido regularizar toda la situación, de tal forma que la agencia tributaria, ha decidido que no puede afirmar aún que el delito haya sido subsanado totalmente, por lo que procede denuncia e investigación. Curiosamente otro de los argumentos para atacar esta denuncia es su carácter preventivo en el sentido de que no existen pruebas. Parecería lógico, si no fuese porque todas y cada una de las investigaciones que se inician son preventivas y todas y cada una de ellas son para LA OBTENCION de las pruebas. Es decir, ahora mismo existen indicios de que existe una actividad delictiva, (¡aplastantes!), y existen indicios de que no se han subsanado. Por lo tanto como en todos y cada uno de los casos donde hay indicios, procede investigar, y de ahí es de donde salen las pruebas que derivarían en que la presunción se convirtiese en certeza.
Pero una primera conclusión que debemos tener en este espectáculo alrededor de la familia Botín, es que la misma semana (por casualidad, y nadie busque relación porque es fácil determinar que no lo hay), que se ha votado en contra de la publicación de todos y cada uno de los nombres de la lista y del inicio de acciones inmediatas contra todos y cada uno de los nombres de la lista. PP, PSOE, PNV y CIU han sido los que han votado en contra de una medida que no debería tener el mínimo sentido. No soy capaz de comprender como demonios se plantea en una cámara una iniciativa para que se inicien actividades judiciales contra una serie de personas en las que existen indicios de delito. Mucho menos por supuesto, que esto se deniegue.
Y esta es una primera conclusión acerca de toda esta historia; se han iniciado actuaciones contra la familia Botín, pero no tenemos noticias algunas del inicio de las actuaciones contra el resto de personas que estaban en la lista. Por supuesto esto no se entienda como una especie de crítica al sistema que discrimina a esta familia. Lo inconcebible es que no se inicien acciones contra aquellos de los que hay indicios de delito. Que contra Botín se inicie y otros no, no se solucionaría en ningún caso criticando el inicio de las actuaciones contra Botín, que nos llevaría al problema de que sí que se inician para el que roba un coche, y acabaríamos llegando a la conclusión de que todas y cada una de las condenas de los tribunales españoles es injusta por naturaleza.
Por lo tanto, alguien deberá explicar también el estado de las actuaciones contra el resto de personas que han aparecido en estas listas.
Pero ya que estamos, parece que estamos olvidando algo muy importante, (con los integrantes de la familia Botín y con el resto). Estamos hablando de unos datos que han aparecido por unas cuentas en un banco determinado en un país determinado. Es decir, hay unos cuantos nombres que han aparecido en un punto y momento determinado de una historia. Pero por supuesto, tenemos que tener en cuenta que todas y cada una de estar personas, es posible que hayan optado por diversificar. El caso de los Botín, y el hecho de que tengan fondos en una sucursal de un banco suizo en lugar de una sucursal suiza de Bankinter, Banco Santander o Banesto, muestra a las claras esta diversificación.
Por tanto, lo que procede es la investigación rigurosa de todas y cada una de las personas que están en la lista, pero ¡en ningún caso limitada a los saldos que ya han aparecido!. En parte parece que este puede ser el origen de la investigación de Hacienda que parece que está buscando todas las relaciones para tratar de desenmarañar todas las estructuras y encontrar el resto de dinero que pudiesen existir en otras cuentas y países.
El argumento es claro; el hecho de que hayamos encontrado unas cuentas, no es algo para poner fin a una investigación, sino que ha de ser el inicio del proceso de “tirar del hilo”. Con Botín y con los demás, para aclarar todos y cada uno de los puntos que sean precisos.
Pero es que además en todo el interés en tirar tierra por el medio, nos olvidamos de que el resto de organismos implicados, no están haciendo absolutamente nada, aunque nos encontremos con aspectos que son cuando menos sospechosos. Por ejemplo; de repente aparece una notificación a la CNMV en el 30 de julio en la que Cartival comunica que ha adquirido una participación de Bankinter a través de una suscripción del 7,85 del capital que ha suscrito Jaime Botín, y que a su vez proceden de la disolución de una fundación familiar.
Curiosamente, aquí parece que tenemos varios de los efectos de la carta que envió Hacienda, por un lado comienzan a disolverse estructuras, y por otro lado la CNMV recibe una notificación de que Jaime Botín tiene una participación nueva en la sociedad Bankinter.
Lo curioso es que no es cierto que esta participación sea nueva, como se desprende del hecho de que esté hablando de la procedencia de una disolución de una fundación familiar. (Aunque las fundaciones no sean familiares, porque no son de nadie). Por tanto, la cnmv tendría que aclarar las razones por las que no investiga la clara infracción de las normas, al enterarse de que Jaime Botín, mantuvo datos incorrectos sobre su participación en Bankinter durante años. Al igual que en el caso de hacienda, procederá investigación sobre esta persona, para determinar cuántos son los incumplimientos que ha tenido. Es decir, en esa fecha declara adquiere un 7,85%, cuando en los autos se habla de que es una participación del 12% atribuida a los nietos. No es de recibo tratar de esperar a que lo expliquen.
Pero es que en la misma nota, se hace constar de que tal circunstancia está pendiente de la autorización del Banco de España, que no ha sido concedida hasta el 22 de octubre de 2010, (según consta en otro hecho relevante). ¿Es de recibo que el Banco de España no inicie acciones en lo referente a sus competencias, cuando se comprueba que una persona determinada tenía el control de un banco, que necesitaba su autorización a lo largo de tantos y tantos años?. ¿El banco de España, ha comprobado si tal circunstancia se repite?.
Y lo curioso es que la crítica en todo este marrón se la lleven los inspectores de hacienda que supuestamente lo han hecho mal y han sido lentos, (y digo supuestamente), cuando en realidad aquí tenemos unos cuantos reguladores y organismos que son el “pito del sereno”.
