Aparentemente puede parecer que se está aclarando el tema de los titiriteros; sin embargo, yo creo que se está tejiendo una explicación de lo que ha ocurrido que no tiene nada que ver con la realidad. Creo que es importante entender lo que ha ocurrido por la sencilla razón de que no vuelva a ocurrir.
Habrá mucha gente que exponga un relato de lo acaecido incluyendo una conspiración de ciertos grupos (cada cual elegirá según sus intereses: Partido Popular como sospechoso principal, los medios de comunicación, los jueces….) para cargarse a Podemos, a Carmena o a los anarquistas. Tampoco creo que nadie haya intentado tapar con esto ninguna corruptela del PP. En todo caso parece claro que una vez que estalla la situación todo el mundo la ha utilizado de acuerdo a sus fines disparando, con mayor o menor fortuna, contra el rival.
En mi opinión, todas estas supuestas explicaciones no tienen el menor sentido. Es decir, no creo que nadie haya planeado absolutamente nada en este vodevil. Incluso llegaría a decir que nadie tan siquiera se ha parado a reflexionar. Además, ya en el primer post ponía el acento sobre lo incomprensible de la actuación de dos personas en particular: Jorge Fernández Díaz, que se ha olvidado de que era ministro del interior (y que creo que no estaba representando al PP) y Manuela Carmena. Y si tengo que graduar, parece claro que Manuela Carmena ha tenido bastante más responsabilidad en este asunto que Jorge Fernández Díaz.
Si hacemos un repaso a lo ocurrido creo que es muy difícil concluir que estemos ante una conspiración. Es una chapuzada general en base a una situación y unas normas que habría que cambiar para evitar estas circunstancias. Si nos limitados a adjudicar papeles de malvados y lo leemos todo en clave de conspiración permitiremos que se queden ocultos los fallos y, por tanto, corremos el riesgo de que todo se repita.
El 6 de febrero se representa en Madrid una función de títeres con todos los “mantras” (me parece adecuada la descripción que me han dejado) de PODEMOS. ¿Es razonable inferir que el PP planease de alguna forma montar un follón para sacar a la palestra la ley mordaza? Me cuesta creer que el PP quiera más líos y mucho más que pretenda recordar a todo el mundo una ley muy polémica para ocultar su situación. Pero incluso aunque así fuese, ¿lo haría con una obra que había sido representada previamente en una ciudad gobernada por el PP?
El plan de montar un fregado para ocultar sus vergüenzas, sacando a colación una de las leyes más polémicas que han generado, mediante la acusación al ayuntamiento de exhibir una obra que había sido exhibida previamente en un ayuntamiento popular es un poco difícil de creer.
Lo más probable es que hubiese personas en contra de Podemos que acudieron a ver la obra sin conocimiento previo y que se topasen con la situación. Es decir, lo más probable es que, a la vista de la obra, varias personas se cabrearon y se montó el follón, que derivó en una llamada a la policía.
Lo siguiente que supuestamente pasó es que determinadas personas hicieron un repaso a los “criterios objetivos” para quejarse: las escenas y la pancarta. Hoy en día la información se transmite de manera veloz y, por tanto, en cuestión de minutos la prensa relata cómo unos titiriteros habían sacado una pancarta de “Gora Eta” en un acto con niños, lo que suponía un acto de claro enaltecimiento del terrorismo. En consecuencia, todos imaginamos esto; unas personas sacando una pancarta para apoyar a eta en una plaza delante de todos los asistentes.
De inmediato reaccionan los integrantes de Podemos. Gracias a las acusaciones generalizadas de que favorecen o están de acuerdo con el terrorismo, es sencillo entender que reaccionen a toda prisa y de una forma furibunda. Manuela Carmena olvida que es alcaldesa y que ejerció de jueza y se apresura a afirmar que no tolera que unas personas hagan apología del terrorismo; a continuación, se despide a alguien inmediatamente sin detenerse a estudiar la situación y denuncian a los titiriteros por apología del terrorismo y también por la muerte de Manolete si hiciese falta.
Aquí deberíamos sacar la primera conclusión. Ni se puede ignorar la realidad durante años (como hacen de vez en cuando todos los partidos) ni se puede concluir en minutos, sin tener ni idea de la situación y tomar decisiones en base a lo que digan las redes sociales. Una alcaldesa (que además fue juez del supremo) debería tener la suficiente ponderación antes de hablar y, desde luego, antes de poner una denuncia sin conocer mínimamente los detalles.
Por tanto, la situación pasa a ser: tenemos un follón en Madrid, tenemos las noticias que apuntan a un acto de enaltecimiento del terrorismo en Madrid, una alcaldesa ex-jueza de Podemos cargando contra delitos inaceptables y poniendo una denuncia y un ministro del interior que no se caracteriza por su mesura. ¿Qué hace un policía en esta situación? Me gustaría que el lector se pusiese en el pellejo de los agentes de policía (que eran los que tenían que decidir: empatizar con los detenidos no explicaría los acontecimientos por la sencilla razón de que no controlaban la situación) y comprobará que la decisión de soltarlos significará su linchamiento y tenemos dos artículos del código penal en el que puede entrar de todo. La conclusión es lógica: al tribunal cuanto antes, y con toda la exquisitez que sea posible. Está claro que si hubiese existido algún plan que involucrase a la policía tendríamos falsedades o cuando menos interpretaciones extrañas, tendríamos una buena temporada en los calabozos, presiones para que confesasen cualquier cosa, buscarían debajo de las piedras algo… etc… Pueden mantener a alguien detenido 72 horas y pueden redactar las cosas de muchas formas, pueden buscarse declaraciones de agresiones,… etc. Parece que ha habido una diligencia extrema tanto en plazos como en los atestados (de los que nadie ha dudado).
En las redes sociales los partidarios de unos y otros siguen enzarzados y todo el mundo da por supuesto que ha existido un delito de enaltecimiento del terrorismo; los del PP culpan a Carmena y los de PODEMOS comienzan con lo de la campaña… En ambos casos son reacciones primarias y muy viscerales a las circunstancias que se van produciendo.
Y llegamos al juez, que se encuentra con una denuncia de Carmena (ex-jueza) y con casi todo el mundo entendiendo que estamos ante una exaltación del terrorismo, y emite un auto inconcebible, carente de toda lógica y sin la mínima motivación, donde se acuerda la prisión. Puede parecer inconcebible pero aquí me gustaría traer una publicación de Francisco Oliva Blazquez en 2010. Se pregunta si deben responder civilmente los jueces y magistrados por ignorancia inexcusable:
En primer lugar, se ha señalado que la mera posibilidad de exigir responsabilidad civil a los Jueces y Magistrados en el ejercicio de su potestad jurisdiccional encierra una paradoja innegable, ya que éstos vienen obligados inexorablemente a dictar sentencia, incluso en caso de oscuridad o ausencia de normas, por lo que resulta contradictorio que a continuación se le exija responsabilidad civil por sus resoluciones judiciales.
También se afirma que la sacrosanta garantía de la independencia judicial, cifrada en la sumisión única y exclusiva al imperio de la ley, podría ponerse en peligro si al Juez se le amenaza o presiona con formas de responsabilidad civil que alteren la necesaria serenidad que precisa para dictar resoluciones con objetividad.
Incluso, se ha dicho que el reconocimiento legal de un régimen de responsabilidad civil podría llevar a los ciudadanos usuarios de la Justicia a interponer demandas infundadas y absurdas, guiados principalmente por un ánimo de pura venganza frente a una sentencia que les resulte desfavorable.
Finalmente, no debemos olvidar que el Juez se ve obligado a valorar pruebas confusas y hasta contradictorias, a interpretar normas oscuras o a resolver en ausencia de ley aplicable recurriendo al resto de fuentes del derecho, por lo que determinar el ámbito del comportamiento negligente, como presupuesto de la responsabilidad civil, en ocasiones puede tornarse una operación tremendamente compleja, especialmente a la hora de distinguir un simple error in procedendo o in indicando de una conducta reprobable por falta de diligencia profesional.
En referencia a las opiniones a favor de introducir un sistema de responsabilidad, me gustaría extraer lo siguiente:
Además, también se ha dicho que, aunque parezca una paradoja, “la ausencia de responsabilidad podría acabar por minar su independencia, ya que la conciencia de que nadie les puede pedir cuentas les permitiría obrar al margen delordenamiento jurídico”. Finalmente, la existencia de unos funcionarios investidos de potestad jurisdiccional y completamente irresponsables frente a terceros en el ejercicio de sus funciones probablemente escandalizaría hasta al más sosegado y apático de los ciudadanos. Todo este conjunto variado y multiforme de razones me llevan a reafirmarme en la idea de que es necesario mantener en nuestro ordenamiento jurídico un sistema de responsabilidad civil personal de los Jueces y Magistrados.
En dicho análisis, se hace un repaso de la situación (son 57 páginas) concluyendo lo siguiente:
Las conclusiones de este estudio, como supondrá cualquiera que haya seguido nuestra exposición, no son positivas ni mucho menos pueden vaticinar un futuro más halagüeño que el ofrecido por nuestra presente realidad. Resulta absolutamente patente que nuestro sistema jurídico conduce a la indefensión y desprotección del ciudadano frente a los daños provocados por las sentencias injustas o equívocas dictadas por los Jueces y Magistrados bajo negligencia o ignorancia, por mucho que el Tribunal Supremo, no sabemos si con una cierta dosis de mala conciencia, haya hecho el formal y loable intento de tranquilizar a la sociedad afirmando que la responsabilidad judicial “no es un derecho abstracto inalcanzable para los ciudadanos” (STS de 9 febrero 1999).
A la vista de los resultados concretos revelados por la práctica jurisdiccional, no resulta nada extraño que la doctrina especializada haya considerado desde hace mucho tiempo que la institución de la responsabilidad judicial es un instrumento “ineficaz e insuficiente”, que sólo conduce a un sistema en el que la “casi total inviolabilidad judicial es un hecho” y en el que el “juez es civilmente irresponsable en la práctica”. Incluso, se ha dicho que es preferible consignar claramente que no existe responsabilidad a sentar que existe y poner obstáculos a su realización, porque aquéllo sería un criterio, una opinión, y esto es un fraude. En definitiva, la existencia de las limitaciones materiales y formales establecidas por la jurisprudencia unida a una más que evidente interpretación restrictiva ha acabado dando lugar en la práctica a una irresponsabilidad civil fáctica de los Jueces y Magistrados.
La ineficacia de los sistemas creados es tan grave y llamativa que sin lugar a dudas exige una urgente reflexión y actuación por parte de juristas, profesionales, políticos y legisladores. En nuestra opinión, una cosa es que por razones obvias haya que proteger la actuación de los Jueces, respetando su necesaria independencia, y otra cosa es blindarlestanto a ellos como al propio Estado frente a las justificadas y legítimas reclamaciones de los ciudadanos. ¿Cómo superar esta deplorable situación?
Finalmente, en 2015, se produce una reforma de la ley orgánica del poder judicial que suprime la posibilidad de que los ciudadanos puedan reclamar contra la negligencia de un juez; si bien se deja abierta la posibilidad de que las reclamaciones se efectúen a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, para que se pueda exigir esta responsabilidad tiene que haber una sentencia decretando el dolo o una resolución del Consejo general del poder judicial tras un procedimiento que se supone se desarrollará algún día (aunque entiendo que no es necesario).
En consecuencia, debemos entender que el 6 de febrero de 2016 le llegan dos titiriteros a un juez, denunciados por una alcaldesa ex-jueza de Podemos, con la prensa y las redes sociales totalmente de acuerdo en que deben ser castigados con la máxima dureza posible (unos para dejar claro que no apoyan y los otros para dejar claro que los unos apoyan) y en una materia sensible, con un atestado policial (que supongo aséptico) denunciados por una ley que no debería existir (tal y como está redactada). El entorno en el que se mueve el juez está definido por que los problemas les vendrá de la opinión pública y del poder de las distintas partes. En este contexto, lo más lógico es que se dé el auto que hemos encontrado: Un auto disparatado, sin motivar (como explico en el otro post que acabo de colgar) y en línea con lo que, por una u otra razón, pretendía todo el mundo. Aunque sea un auto claramente erróneo y creo que negligente entiendo, por todo el contexto de la situación, que no viene de mala fe ni de un ánimo vengativo ni similares. Si hubiese reflexionado lo más mínimo hubiese adivinado sin problemas lo que vendría después. Creo que se dejó llevar por la situación.
Lo mismo opera para el fiscal. No sé muy bien las razones por las que parece que el fiscal ha de ser el que vele por la legalidad de todo el proceso (la teoría la sabemos muy bien gracias al juicio de la infanta) y el juez el que se ocupe de las acusaciones; pero esto no tiene ningún sentido. En mi opinión el fiscal ha sido el único que ha actuado conforme se esperaría de él: esperamos contundencia en las acusaciones y en las defensas y un juez arbitrando, pero desgraciadamente resulta que el papel del fiscal en el procedimiento no es ese, sino que ha de velar que todo vaya por el curso legal. En todo caso, si el fiscal no acusa con contundencia a los titiriteros el 6 de febrero sale linchado también.
Tengamos en cuenta que el único riesgo que teóricamente corren ambos es la denuncia por prevaricación. Para que sea un delito tiene que demostrarse mala fe. Personalmente creo que no ha existido mala fe ni en el fiscal ni en el juez (y en todo caso sería muy difícil probarla) por lo que descartando de plano la posibilidad de que respondan de una negligencia (que es lo que realmente creo que ha ocurrido) quedarían inmunes si toman esta decisión.
Posteriormente se van conociendo los detalles de lo sucedido. Las cosas no eran lo que parecían y la opinión pública va cambiando. El fiscal y el juez cambian de opinión, pero con un papelón de cuidado: a fin y a cuentas ellos tenían (supuestamente) toda la información inicialmente y tomaron una decisión que ahora se muestra totalmente ilógica.
Carmena se muestra encantadísima de que los titiriteros salgan de la cárcel y retiran la denuncia, pero parece que no pide perdón por la presentación de la denuncia, ni por la atribución de un delito, ni al resto de la sociedad por tomar toda una serie de decisiones sin pensar. Curiosamente el Partido Popular llevaba bastantes días callado sin hacer sangre de toda esta historia (lo cual es bastante inconsistente con la idea de que esto fuese un plan). Y en las redes sociales tenemos las guerras de siempre, pero adaptadas a las nuevas circunstancias.
Y ahora podemos quedarnos con que esto ha sido un plan burdo del PP para distraer la atención o podemos hacer algo más serio y plantearnos las causas que han originado esto. Podemos creer en la obra de los titiriteros, imaginando que hay un policía malo que coloca pruebas falsamente a una persona para que luego llegue un juez y ejecute al guiñol o empezar a ver los matices y reparar las normas para que no sean arbitrarias (estableciendo unas reglas de juego totalmente claras para nosotros y policías); pensar formas de conseguir que los derechos civiles y constitucionales sean efectivos (en particular el derecho a la tutela judicial y el derecho a la libertad de expresión), exigir a los políticos que piensen y actúen (las dos cosas y en este orden) y, ya de paso, discutir sobre la justicia, el sistema y sobre que parece que nada se puede solucionar fuera del sistema penal, mientras el sistema penal no logra castigar los delitos.
