El otro día se hacía público que la depuradora de aguas residuales de Ferrol (que había obtenido numerosos premios y supuesto una cuantiosa inversión) no había funcionado nunca; a pesar de que la concesionaria del servicio cobraba a los ciudadanos dicho servicio y a pesar también de que presumía de su funcionamiento. Yo aprovechaba para explicarlo en un post, que acompañaba de otros casos que conocía. Un comentario colgado en el post me sugería que el problema estaba en el mantenimiento: “Al llegar al mantenimiento es cuando las administraciones locales no son capaces de "rascarse" el bolsillo. Porque es subida de impuestos y no quieren. Miles de casos existen. Y de plantas abandonadas una vez entregadas.“.
Es evidente que los casos que comentaba el otro día no se ajustaban a estos parámetros. El problema no es que la administración fuese reacia a nada, ni que la gente no quisiese. Los problemas surgen cuando la gente paga y no hay servicio. En todo caso, creo que procede alguna reflexión adicional.
Para esta reflexión me gustaría enlazar con el otro post de estos días. Se supone que está en las antípodas porque se refiere al caso de Metrovacesa y su encaje dentro de los distintos bancos. Metrovacesa es una constructora quebrada; al no poder pagar su deuda los bancos se quedan con la empresa y se convierten en sus dueños. A partir de este momento, la permisividad de la administración es total para no ocasionar daños y generar beneficios para la entidad, que ahora es una parte del balance de la entidad financiera. Tenemos las legislaciones necesarias para que no se tenga que disolver, se permite que cada entidad utilice los datos que sean necesarios para su cuenta de resultados….
Y ahora voy a contar la experiencia que une los dos casos. Es la experiencia de donde resido, pero es completamente extrapolable. Vivo en Culleredo (ayuntamiento limítrofe a la capital de la provincia de A Coruña). Esta es la foto del último recibo del agua (por llamarlo de alguna forma) del que dispongo y me gustaría centrarme en una de las partidas: la de saneamiento. Quería señalar también que lo que pago por la depuradora (otro de los conceptos) va para una de las compañías cuya situación no está demasiado clara, tal y como sugerí en el post del otro día.
Pero vamos a centrarnos en el saneamiento. Para entender el concepto, es importante que acudamos a una página del ayuntamiento; concretamente la página donde se anuncia la licitación del concurso de saneamiento por un período mínimo de 20 años. En el concurso queda claro que los usuarios debemos pagar el coste total del servicio, siendo este coste lo que la empresa cobra.
Cuando hablamos del coste de saneamiento estamos ante un primer grave error. Se asume generalmente que estamos hablando de lo que cobran las personas que realizan los trabajos, la energía consumida y la reposición de las máquinas. Es decir, el coste de sanear. Como parece que todo el mundo asume que el coste es más bajo mediante una empresa privada (falsedad absoluta), no suele pasar nada si el coste es la factura.
En el apartado del contrato se deja claro que las instalaciones e infraestructuras corren por parte del ayuntamiento, así como las reparaciones, sustituciones, mejoras… etc. (Clausula 4). Por lo tanto el beneficiario del contrato ha de pagar los sueldos, las operaciones de mantenimiento y la energía. La única información sobre costes que tenemos se refiere a la energía, cuyo importe ascendió a 111.865,64 € en 2010.
Pero lo que el importe que tenemos que pagar los consumidores del servicio incluye todos los costes en los que incurra la concesionaria, los beneficios que tenga y además: “El Canon de la Concesión tiene su origen en la diferencia entre las previsiones del coste total de explotación del Servicio, incluido el beneficio industrial, y el rendimiento que se prevé obtener durante el plazo contractual”. En este caso, un mínimo de 1.500.000 €. No aparece en ningún lugar cual fue el canon final. Pero en todo caso debemos tener en cuenta que el coste para el usuario responde ya a los gastos de saneamiento propiamente dichos, a los beneficios de la empresa y ahora a un dinerito para el ayuntamiento. Es importante entender esto porque la pregunta de: ¿podemos permitirnos el saneamiento?; adquiere otro significado. En todo caso se comprenderá que me molesta que me digan que el problema es que no estoy dispuesto a pagar el saneamiento; (y menos cuando finalmente no se produce).
En el contrato se especifica claramente que hubo una facturación de 570.000 € por el concepto de saneamiento en 2011, que se esperaba que fuesen 630.000 € en 2012 (tan sólo por subida de precios). El coste para los usuarios es por tanto 630.000 € y no depende de la bajada de sueldos de las reformas laborales ni de las inversiones que hagan los beneficiarios; depende del precio que pagamos que es mucho mayor que el coste del servicio porque está lo legitimo y lo que puede ser que no lo sea tanto.
El concesionario fue Gestagua; esta empresa es filial del grupo Frances Saur. Este grupo fue vendido a un fondo por 1.000 millones de euros en 2004. Tres años después el fondo de capital riesgo lo vende por el doble a un consorcio liderado por la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en un 47%, la compañía de servicios medioambientales Séché Environnement (33%) y el fondo de infraestructuras de la aseguradora Axa (20%). ¿Saben quién paga todo esto? ¿Esto es el coste de saneamiento?
Debemos de recordar que cuando un fondo pide 1.000 millones por la venta del negocio está valorando los flujos de caja generados en el futuro. Es decir, en los 1.000 millones de 2004 se tenían en cuenta los beneficios a futuro. Pero para ese comprador, los 1.000 millones pasan a ser un coste y, por tanto, el coste de saneamiento ya incluye los costes del servicio, el canon al ayuntamiento, los beneficios del primero (que se cobran en la compra) y ahora todo eso supone un coste a los que hay que añadir los beneficios del segundo. En la segunda operación vuelve a pasar exactamente lo mismo. Los costes para Sèché, Axa y CDC parten de 2.000 millones. Es evidente que en cada uno de los pasos nos encontraremos con la obligación de pagar los costes del saneamiento, pero también que el coste real es cada vez una parte más pequeña.
Como en todos los casos, la deuda se carga al comprador. De tal forma que Saur entró en problemas financieros al no poder pagar los 2.000 millones de deuda y, al final, como en el caso de Metrovacesa, la empresa se acaba quedando en manos de la banca: Concretamente BNP y Natixis.
Curiosamente, las previsiones de 2012 no se cumplieron, porque en lugar de presentar una facturación de 0,26 €/m3 para consumos menores a 30 m3 por trimestre y 0,30 por encima, se aprobó en enero de 2012 una modificación para que aquellos que ahorren agua paguen un importe inferior. En la noticia de prensa aparece que las personas que consuman menos de 55 m3 al trimestre tendrán una rebaja en los precios del 30%; lo cual es como mucho falsear la información. Si quieren obtener información sobre los precios podrían pensar que lo mejor es comprobar la factura; pero no aparecen. Supongo que se podrán consultar en la web de Gestagua: tampoco. En las condiciones del contrato de concesión aparece: “El Ayuntamiento las comunicará por escrito al Concesionario, de forma que sea facturado el servicio a los abonados de conformidad con las tarifas autorizadas. El Ayuntamiento las publicará en su página web y las modificaciones serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia”, pero en la web del ayuntamiento tampoco aparecen. Finalmente, aparecen en el bop de Coruña. Efectivamente, hay una sustancial rebaja para los consumos inferiores a 30 m3 que pasan a tener un precio de 0,12; a cambio de una subida para los de mayores consumos y para los de zonas limítrofes al ayuntamiento. Lástima que se olvidaron del famoso término fijo de 5 € por disponibilidad de servicio que supone que con 16 m3 consumidos el coste asciende a 5+1,92, de tal forma que el coste es brutal.
Y claro, el problema es que estamos ante un monopolio de manual, en el que dos Bancos Gigantescos negocian con un ayuntamiento las tarifas que se aplicarán a unos consumidores que no tenemos muy fácil el enterarnos ni tan siquiera de las tarifas. Esta situación parece que no es suficiente e incluso se consigue aprobar una ordenanza del servicio donde las concesionarias apenas tienen obligaciones y los usuarios tenemos hasta que “Aboar as cantidades resultantes das liquidacións que por erro, fraude ou avaria se lle poidan imputar ao usuario”.
Y lo peor es que no es sólo eso. No es que esté contribuyendo al saneamiento de BNP y NATIXIS; el problema es que además tenemos que pagar a otra empresa (en este caso: Xalo, Obras y Servicios, S.L.) que también cobra del ayuntamiento por el mantenimiento y desatrancos de la red de saneamiento. Y todo esto por no hablar de todos los que cobran de esta factura (Ferrovial como concesionaria de BENS, ACS en lo de la basura, BNP y Natixis en suministro, depuración, mantenimiento de un contador al que sólo han mirado en años, y un canon de la Xunta que va para que alguna empresa como Transportes Hermanos Pellejero e Hijos) se esté forrando. Todos ellos funcionan como monopolios de manual, sin ningún tipo de transparencia y con la coartada de que estamos pagando el agua.
En definitiva, debemos tener en cuenta que el problema no es que las administraciones se estén cortando a la hora de cobrarnos; el problema, en realidad, es que cuando creemos que estamos pagando el agua en realidad estamos pagando otro tipo de saneamientos que no responden a lo que todo el mundo entiende en estos discursos.
Es más, el problema sigue siendo la mierda que tenemos por todos lados; que termina convirtiéndose en un coste para el consumidor, y que no tenemos posibilidad ninguna de frenar.
