En estos días nos hemos encontrado con una votación en el parlamento de Cataluña en la que unos diputados rompieron la disciplina de voto; la conclusión es que nos encontramos con una multa para los citados diputados. Pido que olvidemos tanto las posiciones de la votación, como los resultados y pensemos en el esperpento de la situación.
Salvo que me digan lo contrario, los diputados representan la voluntad popular, y salvo que me digan lo contrario, resulta que hasta la constitución, (ese librito del que todos dicen estar orgullosos mientras se lo pasan por el forro de…), tiene un artículo 67.2 que nos dice que los miembros de las cortes no estarán sujetos por mandato imperativo. Es decir, que lo que nos dice la constitución es que nadie puede obligar a los diputados a votar en un determinado sentido. En su día hablaba de que las listas abiertas y la abolición de este sistema de disciplina de voto era condición necesaria, (que no suficiente), para que esto se pudiese parecer a una democracia, pero ya hace tiempo que esto no es ni tan siquiera un estado de derecho, (que por lo menos se cumplan unas normas).
Los partidos políticos no sólo imponen unos mandatos a los diputados, sino que se permiten incluso imponer multas a los diputados por votar en un determinado sentido. ¿Quiénes son los partidos políticos para imponer sanciones a diputados?. Es una pregunta que quizás no nos hagamos por el mero hecho de que determinadas salvajadas se han producido tantas veces que lo vemos como normal; pero quizás nos debamos preguntar por los efectos de que decisiones anormales, (en el sentido de no deseables), se hayan convertido en normales, (tanto en el sentido de habitual, como de deseable).
Todo ello es mucho más absurdo si tenemos en cuenta el artículo 71 de la citada Constitución:
“1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.”.
En resumen, lo que nos encontramos es que la constitución establece que absolutamente nadie puede hacer absolutamente nada por lo que un diputado manifieste en el ejercicio de sus funciones, aunque tome cualquier decisión que incumpla manifiestamente lo que ha prometido a sus representados para ser elegido, o incluso que cause el mayor perjuicio que nos podamos imaginar a estos mismos. De la misma forma, tienen reconocida inmunidad que se extiende muchísimo más allá. Toda esta inmunidad se desmorona cuando hablamos de partidos políticos. Resulta que ellos sí que pueden imponer obligaciones y sanciones a aquellos diputados que no hagan lo que los partidos digan. La situación es tan absurda que si un diputado que haya prometido la bajada de impuestos a los ciudadanos, (y han sido todos), vota en contra de la subida de los impuestos, será sancionado por el partido de turno, (¡ojo que parece que estoy hablando del Partido Popular, pero incluyo a todos!). Y lo hará con la misma legitimidad que tendría yo para multarles, o incluso menos porque a fin de cuentas (y también está recogido textualmente en la constitución) “Las Cortes Generales representan al pueblo español”, lo que viene a ser el que escribe y unos poquitos millones más.
Sorprende por tanto un poco la incredulidad de los representantes públicos cuando detectan cierta desafección entre los ciudadanos y la clase política; ¿Cómo es posible que les extrañe este fenómeno cuando en realidad nos encontramos con que rutinariamente nos encontramos con un sistema en el que los únicos intereses que importan no son los de los ciudadanos?. En el fondo es sencillo; si los partidos seleccionan las personas, introducen las ordenes, ¿a quién representan?. Cuando, por las razones que sean, los intereses del partido y ciudadanos no coinciden, pues se sacrifican los intereses de los ciudadanos y luego nos cuentan aquello de que representan a la sociedad; cuando en realidad estamos hablando de una selección: El hecho de que se elija a una persona que priorice la sociedad respecto al partido estamos hablando de una ineficiente selección de personal; o dicho de otra forma, los diputados no son una representación de lo que está en la sociedad, sino que son aquellas personas que están dispuestas a lo que sea por el partido, (que repito no es la sociedad).
En este caso, como en tantos otros, yo no creo necesario que exista ningún cambio normativo; tan sólo se necesita que las leyes se cumplan y un poquito de vergüenza por parte de los representantes. Curiosamente, sin esto, tampoco hay mucho que hacer. Es decir, se pasa completamente del panfleto este que llamamos constitución, por lo que podemos poner y pedir todos los cambios normativos que nos dé la gana, que mientras estemos en un sistema donde el cumplimiento es optativo (y que incluso sea penalizado), dará todo igual. ¿Pedimos una ley que no se cumpla si no interesa a cuatro?.
Y hablando de desafección, también se observa cada vez mayor desafección por la constitución; sin ir más lejos la acabo de calificar como panfleto. Pero me gustaría aclarar que es un panfleto, no porque sea mala; sino porque resulta que se ha usado como un argumento comercial a incluir en los discursos de todo aquel que se tiene que estar definiendo como demócrata todo el puñetero día, mientras pisotea con una alegría y una normalidad absolutamente todo.
