Imaginemos que se propone cualquier obra pública; esta puede ser necesaria o no, (ya que no es relevante para el ejemplo y parece que tampoco demasiado en la realidad). Imaginemos que esta obra tiene un coste de 100. Podemos asumir que esta obra genera una comisión del 3%, (cifra ampliamente aceptada en el entorno de Cataluña y que podríamos aceptar que no difiera al final de lo que nos encontremos en el resto del entorno, ya que estamos hablando de las mismas empresas, que estarían dispuestas a pagar cantidades similares y sistemas no muy diferentes).
En consecuencia, cada obra por 100 (el coste para los contribuyentes a lo que habría que sumar los costes de financiarla), generaría bajo estos supuestos una comisión ilegal de 3. Partiendo del supuesto de que nadie comete una actividad ilegal sin expectativa de un lucro, y del supuesto de que para que cualquier sistema de estas funciones no se pueda permitir que una persona enterada de todo no se lucre, es sencillo inferir que gran parte de ese 3% se repartirá inmediatamente. El porcentaje variará en función de las circunstancias y sobre todo de la excepcionalidad de la acción; si estamos ante un hecho aislado, lo normal es que la comisión se reparta íntegramente, (estaríamos hablando de un negocio aislado en el que los participantes, una vez “liquidado” el asunto repartirían sin más); pero si estamos ante una actividad regular por tiempo indefinido tendríamos que ir a criterios más empresariales, buscando una regularidad en los pagos y en consecuencia entraríamos en aquello de establecer “políticas de dividendos sostenibles”, comprobar los fondos de maniobra o lo que coloquialmente se dice: “hacer colchón”.
Podemos asumir para un ejercicio rápido que se reparta inmediatamente el 1,5% y el otro 1,5% pase a la organización. Más allá de la necesaria simplificación práctica, que hace que se pierdan muchos matices, (que evidentemente tienen importancia), con este ejemplo podemos deducir una situación final tras una práctica de este estilo, y para ello podemos recopilar:
El gasto público subiría en 100, más el coste de los intereses por la parte que corresponda a deuda. Esto coincidiría exactamente con el negocio de todos los contratistas de la obra y la entidad financiera. Determinadas personas percibirían 1,5, y se incrementaría el saldo de la organización en 1,5, (en realidad sería menos si tenemos en cuenta sus gastos de funcionamiento; a saber, comisiones de las entidades financieras, costes de estructura…, que vamos a ignorar). Como podemos ver, absolutamente todo el mundo parece que gana con el esquema, salvo el que paga, que no tiene demasiada importancia porque es aquel que no tiene apenas capacidad de presión y que no tiene acceso a despachos.
En principio he puesto el ejemplo “obra” pero no hay absolutamente ningún elemento que impida que traslade esto a cualquier contrato público de cualquier tipo por el que la administración se obligue a pagar una determinada cantidad por cualquier motivo, (contratos de suministros, consultorías, prestación de servicios públicos…).
Este post hasta ahora es una perogrullada, pero necesaria para entender algunas cosas. La primera es una conclusión de Perogrullo; si tenemos un saldo determinado de 1,5, el origen es muy superior, (en nuestro ejemplo los 100). Y el que quiera que eche cuentas asumiendo los porcentajes que desee…, pero que compare el saldo en su cuenta bancaria y sus ingresos, o la relación entre volumen de facturación y incrementos de liquidez en una empresa para entender el verdadero problema de estas actividades. Detectada la existencia de una cuenta en dinero negro, el problema principal no es que sea dinero negro, y en caso de existir pagos en efectivo, el problema principal tampoco es que existan unos pagos en negro. El problema es mucho mayor sólo por el mero hecho de que estos pagos y los ahorros generados son la mera comisión de algo.
Y a esto, no lo olvidemos, tendremos que sumar los resultados de otras prebendas, normalmente ligadas a otra tipología de actividades, que no tienen impacto sobre las cuentas públicas pero si de los ciudadanos, (por ejemplo, todas las ventajas a las eléctricas que presentan un coste también para los ciudadanos adicional al coste para el erario común, y en la que los premios no están en sobres), y después de todo esto, aún deberemos sumar todos los casos de decisiones que benefician a determinados grupos en base a presiones o sin que exista, (hasta donde sepamos), una sospecha de actuación irregular. (por ejemplo; primas a renovables).
Estoy seguro que alguien pronto sacará un informe cuantificando en algún número todo esto, (típico análisis de “la corrupción le cuesta a España un 15% del PIP o similares…), pero la triste realidad es que es imposible poner número a este coste, aunque también es imposible decir que es sostenible.
Otra conclusión de esta perogrullada, es a su vez otra perogrullada; ¿Cuándo se ha de investigar?. Pues la realidad nos dice que en cuanto tengamos el mínimo indicio de que algo puede estar pasando. Tradicionalmente se nos cuenta que para investigar tiene que haber algo concreto, cuando lo normal es que lo concreto no es otra cosa que el resultado de las investigaciones. En particular, desde el momento en que tengamos sospechas de que pueden existir algunos de las características que encontraríamos en caso de existir una práctica irregular procede investigar. El procedimiento de investigar consiste básicamente en tirar de hilos y explicar todas y cada una de las circunstancias; lo que está bien no es más que un camino cerrado.
Y ¿que se ha de investigar?; pues a diferencia de una auditoría o revisión de cuentas, en la que se trata de buscar irregularidades, (que normalmente son errores), en las cuentas, lo que se necesita es determinar aquellas ajenas. Para investigar, lo que hay que hacer es básicamente seguir el esquema tan sencillo de estas cuentas, (por supuesto, con toda la dificultad y las cautelas que todos conocemos), para desentrañar el hilo que normalmente no es sencillo. Se ha de investigar a los beneficiados de los contratos, se han de investigar relaciones y sobre todo se ha de investigar a todos aquellos que se pudieron enriquecer. En definitiva, una investigación correcta tiene que sacar a la luz lo que está oculto, que nunca es lo declarado voluntariamente por pura definición.
Tirando de símil de serie de televisión, cuando aparece una huella, se investiga por sistema; asumiendo que todo el mundo es inocente, (esta es la verdadera presunción de inocencia, que necesita que se investigue con indicios); lo que no tiene sentido es que nos encontremos en una habitación cerrada con un asesinado y al lado suyo su heredero ensangrentado y con un cuchillo en la mano, y decidimos no investigar por si acaso es inocente, obviando la posibilidad, (algo menos que remota), de que sea culpable.
