La semana pasada los pensionistas tenían una serie de garantías establecidas en una ley; de hecho, durante cierto tiempo, cada vez que se preguntaba a los integrantes del gobierno por la revalorización de las pensiones, la respuesta era siempre la misma: “se cumplirá lo que diga la ley, como no puede ser de otra forma”.
Pues todos sabemos que al final el viernes pasado, se nos vende como un ejercicio de responsabilidad el cambiar la ley, para que los pensionistas no cobren lo que la que la ley les otorgaba hasta la semana pasada.
Esta situación muestra un escenario en el que no debemos olvidar que existía un texto legal que se supone garantiza un determinado escenario, (en este caso las pensiones). En este escenario se daba por supuesto desde hace mucho tiempo que lo establecido por la ley no se iba a cumplir, porque existen numerosas presiones de todo tipo. Ahora sacarán otra normativa y nos dirán que están salvando la seguridad social, pero en realidad ¿Qué validez le damos a cualquier normativa que podrán cambiar sin pestañear en cada momento?. La respuesta es simple; no vale absolutamente nada; esto significa que no han reformado la ley de la seguridad social; se la han cargado.
Esta anécdota no es, ni mucho menos un hecho aislado, y tampoco es exclusiva de España. De esta forma nos encontramos con la enésima discusión sobre el techo de gasto en Estados Unidos que no es más que la enésima expresión del desprecio de las leyes. Se fija un límite legal al gasto público, que será algo que no podemos traspasar hasta el momento en el que estemos a punto de traspasar este límite. En cada una de estas reformas, lo que tenemos es que se han cargado esta ley, que no sirve absolutamente para nada.
El Banco Central Europeo, imponía unos rating mínimos para las garantías del dinero que prestaba a la banca; estos rating decían que eran muy útiles porque servían para valorar las cosas y para que a su vez no se perdiese dinero. Sin embargo, cuando los activos se deterioraban, se cambiaba sin apenas despeinarse los criterios de tal forma que ¿de qué vale esta ley?.
Incluso tenemos el caso curioso en España de una ley que tiene un alto grado de cumplimiento, como es la del tabaco. Esta ley se cambió para beneficiar a los centros comerciales, pese a las obras que habían realizado pequeños negocios de hostelería, sin ningún problema y ahora tiene que ser el esperpento este de Eurovegas lo que parece que la va a poder permitir.
Al final, las leyes en su conjunto han dejado hace tiempo de ser un conjunto de normas que establecen las reglas de actuación de los ciudadanos de cara a construir una sociedad, para ser una herramienta más de poder, de tal forma que serán cumplidas, observadas, reformadas o ignoradas en función del poder que tenga cada una de las partes de la sociedad. Lejos de ser un imperativo absoluto para tratar de equilibrar las relaciones, cada vez está más claro que sirven para desequilibrar, hasta un punto en que primero se ponen en duda y luego directamente se comprueba que la ley no sirve para nada sino está alguien poderoso detrás de esto.
Si buscamos un símil con un partido de futbol, nos encontramos en una situación en la que en todo momento se deciden las reglas (y si se usan o no) en función de los intereses de uno de los equipos, de tal forma que cualquier conclusión que saquemos sobre el resultado como indicio de la capacidad en la competición será completamente absurda.
Pues esto hace tiempo que ha llegado a la constitución, ese texto normalmente llamado “la carta magna”, y que estaba llamado a ser el máximo exponente de las reglas del juego en este país llamado España.
En la constitución tenemos todos y cada uno de los argumentos que destrozan cualquier sistema de reglas; tenemos un conjunto de artículos que directamente son ignorados de forma palmaria; De hecho, tenemos incluso una situación en la que los recursos de inconstitucionalidad son usados sin ningún pudor en todo tipo de negociaciones de todo tipo, con el agravante de que son totalmente inútiles, ya que cuando alguno prospera nos encontramos con “esto no tiene efectos prácticos porque han pasado 10 años”, tenemos una situación en la que se ha reformado sin ningún problema cuando interesaba a los mercados financieros y en los puntos que interesaba a los mercados financieros, y tenemos innumerables casos como el de la semana pasada en el que tras declarar constitucional el impuesto a los depósitos bancarios, el gobierno aprueba una normativa para dejar sin efecto alguno la sentencia esta.
En definitiva, puede que por decreto ley tengamos que celebrar el día de la constitución, pero el único beneficio que se obtiene de esto es que hay un día al año que no estamos obligados a madrugar. Lamentablemente es imposible que una sociedad funcione sin unas reglas, y en este sentido necesitamos una constitución.
Al igual que ocurrió en Islandia, se necesita una nueva constitución por la más que evidente razón de que esta si fuese un coche, sería declarada sin duda alguna por las compañías de seguro en estado de siniestro total.
