En el fin de semana, nos hemos encontrado con un par de noticias relacionadas entre sí. Estas noticias son de Grecia, pero bien pudieran ser aplicadas en muchos países, incluido el nuestro. En primer lugar se trata del esperpento de la publicación de la lista de defraudadores griegos. Esta lista es la secuela en dicho país de los datos de la sustracción de datos de la filial suiza de la entidad HSBC, que también tenía su propia versión española.
Al igual que en España, nos hemos encontrado en su día con el argumento de no hacer nada con ella, por aquello de datos obtenidos ilegalmente, que ya en su día era un argumento ridículo; (así lo entendía en su día). Aquí hubo una comunicación individualizada para que regularizasen su situación, antes de hacer nada, (comunicación que tuvo bastante polémica porque no es lo que se hace normalmente); y de esto derivó el caso de los Botín, con todas sus aristas todas ellas tapadas.
Pues en Grecia parece que se decidió en un principio no hacer nada, aunque en un determinado momento parece que se cambió de criterio y se decidió iniciar lo que fuese necesario para que los defraudadores pagasen. La lástima es que según parece las autoridades griegas perdieron la famosa lista, y ahora parece ser que están esperando que los franceses les envíen una copia.
En fin, tanto en un lado, como en el otro parece más que evidente que ha existido un interés manifiesto por no hacer nada, (más que desinterés), en base a todo tipo de argumentos de difícil comprensión.
El caso es que el fin de semana, un periódico griego ha publicado la famosa lista, (esta que el gobierno griego ha perdido), y parece que por fin el gobierno griego muestra capacidad de reacción. Al día siguiente detiene al periodista por publicar datos personales. Evidentemente esto desmonta todo mito respecto a que los gobiernos no hacían nada con los evasores fiscales por ineficacia; ya que cuando las circunstancias varían la eficacia es extrema.
También extraña un poco el hecho de que a la hora de detener a un periodista parece que no se tiene tanto miedo a cargarse la legalidad. No deja de ser paradójico que los que califican una lista proporcionada por un estado de la UE, donde se supone que existe un estado de derecho, como Francia de ilegal, no tengan ningún reparo en detener a un periodista por transmitir datos personales, que parece que es algo muy grave, si no fuese porque son periodistas y porque habría que graduar el tipo de datos que son, (ya por no hablar de que habría que ver cuántas personas son detenidas por cargarse la ley de datos en caso de que así hubiese sido).
El hecho de que sea información periodística es un matiz importante cuando estamos hablando de esto, como se puede entender en muchos ejemplos; cualquiera puede coger cualquier periódico, (o mejor cualquier periódico hipotético en el que se realice investigación). En dicho medio tendrá las noticias sobre la novedad de turno de Urdangarín, las informaciones sobre los casos de corrupción de turno y muchas veces la palabra presuntamente. En todos y cada uno de los casos existen informaciones personales respecto a numerosas personas, sin ningún problema.
¿Qué ocurriría si se extiende este criterio conforme a que los periódicos no pueden facilitar ningún tipo de información sobre ninguna persona?. Pues directamente que no existirían porque por definición cualquier denuncia o investigación de cualquier delito implica la divulgación de estos datos personales, a menos que se considere que la persona que presuntamente ha cometido cualquier tipo de irregularidad o delito no sea importante. En este caso nos encontraríamos con titulares en el sentido: “Alguien presuntamente ha cometido un delito fiscal” o el más apropiado: “presuntamente alguien aparece en una lista en la que aparecen 2.089 nombres”.
En definitiva, en este caso en particular, tenemos que combinar los derechos de intimidad de cualquier persona y el derecho de prensa; y para esto, lo lógico y coherente es tratar de dar cierta prioridad al derecho de prensa, exigiendo determinadas cautelas. Es decir, los datos no deberán ser privados cuando sean relevantes para el conjunto de la sociedad, y por tanto pasen a ser noticia. Evidentemente el hecho de que un político esté incluido en una lista de posibles defraudadores transmitidos por un gobierno de la unión europea, está claro que es un hecho noticiable, (difícil encontrar un caso más apropiado); y por supuesto, los medios han de ocuparse de dejar muy clara la veracidad de las noticias. Es decir, han de tener todo el cuidado del mundo en que la noticia sea real. Lo que en este caso es que determinados nombres aparezcan en determinada lista.
Y esto es lo que ha ocurrido en este caso; las autoridades griegas han decidido actuar de forma contundente contra el que ha publicado una lista en la que aparecían personas influyentes y personas que están en el gobierno, que presuntamente defraudaron determinados importes a la hacienda helena. El argumento de que no se ha probado que las personas que están en la lista hayan defraudado, no se sostiene tampoco, por la sencilla razón de que todo descubrimiento periodístico, por definición, no está probado, (trabajo que queda en monopolio de jueces y magistrados); por no hablar del pequeño detalle de que mal se va a probar algo que no se investiga.
Sí quedaba algún resquicio para una determinada forma de entender la prensa, (que debería servir para transmitir información relevante a los ciudadanos, y sobre todo investigar y destacar aquellos puntos oscuros que el resto de poderes no destapa), ahora mismo se ha ido a tomar viento.
Ahora tan sólo nos queda un nombre para poner a un gobierno que trata por todos los medios, (sin importar cuales, a menos que se trate de los derechos de los influyentes), de mantener los privilegios y el status de algunos colectivos, llevándose absolutamente todo por delante, incluyendo encarcelar periodistas. Hay muchos nombres, pero ninguno será coherente con un estado de derecho o una democracia.
