La semana pasada ha saltado a la palestra la operación Pokémon, con la detención del alcalde de Ourense (PSOE) y de Boqueixón (PP), que al final ha sido completada con la detención de un concejal de Ourense, (BNG) y otro en Cospeito (PSOE) . En las redes sociales, (entendiéndolas en sentido amplio de incluir también los comentarios en los medios), hemos encontrado muy frecuentemente las explicaciones que se han cocinado en el PSOE, (que se postula como el más perjudicado), y que en un principio hablaban de la inocencia del alcalde, (hoy ya ha desaparecido esta línea argumental), y sobre todo relacionando dicha operación con las próximas elecciones. En este sentido he oído escuchar propuestas incluso en el sentido de limitar las imputaciones en campaña o precampaña como se prohíben las inauguraciones.
En definitiva, y abandonado el “se ha detenido a un inocente por las elecciones”, se ha pasado al “lo importante no es el delito”, sino que son las elecciones. Las razones que más han aparecido para justificar esto son la existencia de elecciones, el hecho de que el PP gobierne y que la pareja de la juez que ordena las detenciones es del Partido Popular, (ojo, que estas son las razones que hay, lo cual no significa ni tan siquiera que sea verdad lo de la pareja de la jueza de Lugo, que yo particularmente no tengo ni idea de quién es, ni su cargo).
En principio, me gustaría aclarar que no tengo ni idea de si el alcalde de Ourense, el de Boqueixon o cualquiera de los detenidos son inocentes o culpables. Es más, de hecho no tengo ninguna información, (que pueda tener un mínimo de fiabilidad), ni tan siquiera sobre los hechos que motivaron las detenciones. Esto va por la presunción de inocencia, que evidentemente impera, pero para quien los vaya a juzgar; como ni tan siquiera voy a opinar sobre unos hechos que desconozco, no voy a molestarme en presumir absolutamente nada.
El aspecto que me gustaría destacar es que si un Juez, y funcionarios de Vigilancia Aduanera detienen injustamente y A SABIENDAS a unas personas en base a los intereses políticos de un partido popular, estarían cometiendo un acto especialmente deleznable y execrable, hasta el punto de que pocas acciones en el ejercicio de su profesión podrán ser más condenables, (incluso como todos sabemos desde el punto de vista penal), máxime teniendo en cuenta que en este caso destrozarían la vida de determinadas personas. Esto lo sabemos todos. Si modifican el calendario de las actuaciones, (que deberá seguir unos criterios de oportunidad), para influir en el resultado de unas elecciones, estos hechos son incluso peores.
Teniendo en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta también que el hecho de tomar medidas contra determinadas personas, ocasiona numerosos problemas para los funcionarios públicos. En este sentido, todo el mundo puede entender que no es lo mismo detener a un delincuente común que a empresarios y políticos.
Estas son las razones que se esgrimen normalmente para otorgar cierta protección a determinados puestos, que jamás se puede aislar de la responsabilidad que conlleva. Es decir, determinadas personas tienen que tomar decisiones que suponen unos efectos y por esto han de tener una red. Pero han de tener claro que han de responder de estos actos y comportarse con un plus de responsabilidad. Un juez ha de juzgar a unas determinadas personas, con poder o sin él, pero lo debe hacer en una posición en la que SI CUMPLE las normas sea inatacable, pero que a su vez si NO las cumple, sea especialmente gravoso.
En este caso en particular, no tengo ningún indicio, ni opinión que me haga dudar de la actuación de estos jueces, (en otros casos la respuesta sería otra), y sinceramente el hecho de que una juez tenga determinada pareja, no me acaba de parecer un criterio de peso.
Sin embargo, el caso es distinto cuando leemos declaraciones como las del responsable del SUP a cuenta de la manifestación del 25-S. Evidentemente ha habido botellazos, y existiendo policías infiltrados o no, es completamente cierto que ha habido extremistas y radicales que se comportarán como lo que son. A nadie debe extrañar la existencia de estos y por supuesto nadie lo justifica. Una persona que busca el follón en medio de tanta gente es gran parte del problema y es culpable de lo que pueda suceder, (y que por desgracia sucedió), después.
Ahora bien, el problema realmente grave no está aquí, (siendo muy grave el problema), sino en que resulta que puedan existir determinadas personas que desempeñan funciones en el sector público, y que para más inri tienen entre sus funciones la defensa de las normas, que piensen que lo mejor es igualar por abajo. De la misma forma que es demencial que se ataque a un funcionario público sin más que opiniones para tratar de escaquear el bulto desde unos partidos políticos que hace tiempo han perdido el norte, lo es el hecho de que un funcionario público actuando como tal se comporte como un hooligan más. No creo que ninguno de los actos que hemos visto haya causado tanto daño a la policía e incluso al estado de derecho como el tuit en el que el responsable del sindicato de policías nos cuenta, que
«Para los de las identificaciones: no las llevan y apoyamos que no las lleven ante organizaciones violentas. Leña y punto»,
En primer lugar porque la obligación de todo funcionario y de toda persona que ocupe un cargo de autoridad es identificarse, sin excepciones. En realidad esta es la base de la democracia ya que para poder ejercer cualquier derecho, denunciar cualquier abuso de autoridad o reclamar lo que sea, es necesario que se identifique al que pudiera cometer esto. Evidentemente no tiene que poner en el chaleco ni su DNI, ni su nombre, ni número de teléfono, ni lo que sea, pero cualquier persona que esté ejerciendo una autoridad ha de ser identificable en todo momento por las personas que deben respetar sus órdenes. Por lo tanto es una norma que tiene todo el sentido del mundo.
Sin embargo, lo triste del caso es que aunque no tenga sentido, lo que no se puede permitir es que tengamos a Policías o Funcionarios Públicos decidiendo motu propio si se ha de cumplir una ley o no. ¡Es de locos!. Que al señor en cuestión no le gusta la norma, pues tiene todo el derecho del mundo a opinar, quejarse, transmitir y protestar, pero como funcionario que es ha de acatar y callar, de la misma forma que los policías que estaban enfrentándose a la gente tienen que hacerlo.
Y finalmente tendrá que aclarar en qué parte del código penal o procedimiento o normativa está el “leña y punto”, que creo que no corresponde con ningún castigo o sanción recogida en ninguna norma. Puede que no le guste, pero lo que no se puede dejar impune es que un funcionario público se convierta en un radical proponiendo soluciones que nos pueden parecer bien o mal, (dependiendo del lado de la leña en que estamos), pero que dinamitan directamente un estado de derecho en el que se supone que impera la ley.
De hecho, hoy se ha conocido un vídeo donde se comprueban perfectamente los efectos prácticos de estas tácticas; resulta que se tira y detiene a un policía infiltrado que no para de gritar que es compañero. O bien resulta que este policía no estaba haciendo nada, lo cual llevaría a que se ha llevado unos porrazos y una detención por nada, o bien resulta que si estaba haciendo algo y es peor. Elija la opción en la que nos encontramos, (lamentablemente alguna es necesaria pero no son excluyentes), cuando nos apuntamos a estas salsas.
Y lo curioso del caso es que tras esta semana, mi operación sobre los jueces no ha empeorado precisamente, (a pesar de que su papel y la justicia esté más que en tela de juicio por ceder a presiones varias y por apuntarse a lo de “los fines justifican”, y respecto a la policía me encuentro un poco disperso. Por un lado resulta que los policías, (en este caso han sido de Vigilancia Aduanera, pero por una cuestión de casualidad), se han portado de forma impresionante (y por tanto absolutamente nadie ha hablado de ellos), al igual que tantos policías de España de los que no se ha hablado.
Y hoy muchos están escuchando y leyendo cosas que no deberían por la tensión del momento, por campañas, por algunos compañeros y por las declaraciones delirantes de una persona que no debería ser sindicalista, ni funcionario, ni representante de nada. Aunque tan sólo sea por el hecho de que aunque he comenzado diciendo que no tengo indicios para criticar la actuación de una juez criticada, pero en el caso de este funcionario, ¡es que ni lo niega!.
Pd. He puesto las filiaciones de los políticos detenidos porque el hecho de sugerir que se está favoreciendo a un grupo precisamente en este caso cae por su propio peso, (a menos que creamos que un 2-1-1 y varios peones más relacionados van a hacer cambiar la opinión de algún voto, en lugar de lo más evidente que es que realmente lo que hacen es perjudicar a todos, pareja inclusive, si es cierto que es del PP).
Pd2. Acaba de leer el mail y tengo otro video que, y lamentandolo mucho, recoge unas actuaciones de determinados policías que no están a la altura de las circunstancias y sobre todo de la inmensa mayoría de policias y funcionarios.
