Siguiendo el repaso a las dos medidas que nos anunció el gobierno el miércoles pasado, queda analizar la evolución de lo que está ocurriendo con el tema de la “dación en pago” a la luz de la nueva información que ha sido transmitida por el gobierno y que ha sido recogida en varios periódicos.
En dicho post (que debería ser leído antes que este) comentaba que la inexistencia de ingresos como requisito para acceder a este programa se iba a suavizar; en la información que hay a día de hoy ya nos encontramos que se está hablando de personas que no puedan pagar la hipoteca, lo cual nos podría llevar a todos los que han perdido el piso, pero temo que no va a ser ese el caso. Supongo que nos dirán que hay que evitar los abusos y los fraudes, pero lo realmente indiscutible es que aquellos que pierdan su piso intentando hacer un fraude intentando pagarlo serán una anécdota.
En todo caso, me gustaría seguir profundizando en la idea de aquel post, en el que trataba de explicar que se conseguían unas cuantas ventajas para las entidades de crédito que obtenían por lo de pronto seguridad jurídica sobre las tasaciones, probablemente sobre los intereses de demora, (que serán modificados voluntariamente para unos determinados casos, por lo que existirá una norma que no los declara abusivos para el resto de los casos). Evidentemente todo esto queda a expensas de que nos cuenten la letra pequeña.
No obstante, parece claro que siguen empeñados en la campaña de marketing, cuando nos cuentan que esto irá al BOE para darle el mayor impacto jurídico posible. (¿El hecho de que voluntariamente puedan hacer algo?). Y esto lo van a hacer como un anexo a un decreto-ley. En este sentido parece un poco curioso que todos los focos estén sobre un anexo en lugar de hablar del decreto-ley donde nos cuentan que se incluirá “una reforma de todos los procedimientos de ejecución, para hacerlos más ágiles, baratos y transparentes”.
Por tanto, resulta que al final tenemos que esperar un nuevo favor a la banca. De hecho ahora mismo, comprobamos perfectamente la asimetría entre la banca y el resto de mortales. Cuando se habla de cambiar las reglas de juego, de que hay una legislación, unos compromisos y una situación determinada, absolutamente nadie tiene el mínimo problema para cambiar esto sin problema alguno. Está claro que un trabajador hace un mes se enfrentaba a una situación distinta ante un despido que hoy, (da igual cuando haya sido contratado), y probablemente una persona que esté en problemas para pagar su piso se encontrará en una situación muy distinta a partir de la semana que viene. En muchísimas ocasiones, (y todos los ciudadanos de España podemos atestiguar), la seguridad jurídica es inexistente.
Es cierto que la situación de las ejecuciones hipotecarias es un problema, (sobre todo para las entidades), pero curiosamente en este país los problemas derivados de situaciones que están fallando tan sólo son abordados y con carácter retroactivo cuando afectan hacia un lado. Por otra parte resulta cuando menos curioso que se pretendan frenar los procesos de ejecución facilitándolos. (Exactamente el mismo argumento para los despidos), independientemente de cuándo se haya formalizado el préstamo.
Oiremos las ventajas que generará la facilitación de las ejecuciones para los deudores, y por supuesto también que dificultar lo que sea generará un mayor coste para las hipotecas y la caída del crédito. Todo ello vendrá simplemente de una cadena de hechos que nunca se cumple, porque se parte de un proceso en el que se “olvidan” recurrentemente los beneficios para la banca.
En realidad es muy simple, (y los argumentos están mucho mejor explicados en el post acerca del comodín de la reactivación del crédito). Cuanta mayor facilidad para la ejecución hipotecaria, menores serán los incentivos para la negociación por parte del banco, de tal forma que mayor será su poder. En definitiva, lo que se hace es dotarlo de más poder, lo que a su vez es lo que provoca la caída del crédito y su encarecimiento.
En todo caso, lo curioso es que antes de reformar la actuación de la justicia en relación a las ejecuciones hipotecarias, es importante reformar la actuación de la justicia y las autoridades en respecto a otros campos, como por ejemplo el hecho de que sea recurrente el hecho de acciones punibles por parte de consejeros del IBEX que se han ido de rositas en varias ocasiones, (hasta el punto que el único condenado ha sido recientemente indultado tras un proceso de 17 años). Es importante reformar la justicia para que todos aquellos que hayan alterado los precios de los inmuebles durante tanto tiempo cumplan condena por algo que es delito. Es importante reformar el sistema para que las manipulaciones de todo tipo y los engaños sean castigados con la máxima seguridad. Que la corrupción se persiga en tiempo y lugar. Y que los ciudadanos tengamos un acceso a la justicia en garantías, y no que esta se entregue a los intereses de los dominantes.
Es importante reformar los procedimientos para que los consumidores y sobre todo los usuarios de todo tipo de productos financieros tengamos sistemas efectivos de reclamaciones ante toda la serie de tropelías que enunciadas una a una parecerían las páginas amarillas.
Este sería el decreto-ley que sería necesario y no continuar por el camino de sacar normas que nos cuentan que se mejora la situación de los ciudadanos, con normas que mejoran la situación de todos aquellos que tratan de saquearnos, que es lo que ha ocurrido tras todos estos años.
Lo realmente triste es que en Islandia se han decidido llevar al banquillo de los acusados, cuando no les ha quedado más remedio por una situación en la que les han llevado estos acusados. Y ese momento llegará. La duda es cuantos gobernantes acabarán también en el banquillo y cuantas victimas habrá entre las personas de la calle.